Un acuerdo sin precedentes para establecer un impuesto mínimo global

Varias de las economías más importantes del mundo llegaron a un acuerdo el pasado sábado para establecer un impuesto mínimo global a las multinacionales.

Varias de las economías más importantes del mundo llegaron a un acuerdo el pasado sábado para establecer un impuesto mínimo global a las multinacionales.

La discusión sobre crear un impuesto global mínimo a las gigantes empresas multinacionales dio inicio en 2013 bajo el liderazgo de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), organización de la cual Chile es parte, y, finalmente, se ha dado un gran paso, aunque prolongado, hacia adelante en esa materia de la mano de los ministros de Finanzas miembros del grupo G7 (Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá, Italia y Japón), quienes este sábado han llegado a un acuerdo que tuvo como eje, en primer lugar; la lucha contra la evasión fiscal, fijando como objetivo hacer que las empresas paguen impuestos en los países en los que venden sus productos o servicios, en lugar de únicamente en los que declaran sus ganancias; y, en segundo, el establecimiento de una tasa impositiva mínima global, que busque dejar de alentar una competencia en la que los países luchan unos contra otros con tasas impositivas bajas en un intento por atraer inversión extranjera. Tasa que se ha fijado inicialmente en un 15%, aplicable a aquellas empresas globales que posean un margen de beneficio del 10% a lo mínimo. Este acuerdo podría afectar a empresas de la talla de Amazon y Google.

Los partidarios del impuesto global mínimo aseguran que es una manera de darle una forma más uniforme al sistema tributario mundial, en un intento por que las grandes corporaciones se mantengan operando, y con ello generando beneficios, en el país en el que están, en lugar de buscar mudar sus actividades a otro, ocasionando así una carrera entre las demás naciones por ver quien ofrece más ventajas a costa de sus, muchas veces escasos, recursos, lo que puede hacer que las cosas sean simplemente más difíciles para todos en momentos de crisis de tales magnitudes como la de la pandemia, en las que medidas que pueden traducirse en menos beneficios para las multinacionales podrían lograr que los gobiernos aumenten el tamaño de sus arcas y se facilite el financiamiento de ayudas y programas sociales a los más necesitados.

Su efecto en Latinoamérica

Latinoamérica ha sido casi siempre a lo largo de su historia un territorio en la mira de las grandes corporaciones multinacionales dados sus recursos, extensión, mano de obra y, entre otros, política fiscal de los países que la conforman, los cuales, desperados en su búsqueda por inversión extranjera, por años han sacrificado sus recursos en un intento por ofrecer más y mejores ventajas que sus vecinos. Ante esto, el establecimiento de un impuesto global mínimo representa indudablemente un cambio, cuyo signo y relevancia, sin embargo, quedan por descubrir.

En Latinoamérica, en su extremo sur más específicamente, Chile cobra a las pymes un 25% y un 27% a las grandes empresas. Perú un 29,5%, Paraguay un 10% y Uruguay y Bolivia un 25%, porcentajes que, si bien están por encima de la tasa mínima mundial establecida en el acuerdo, es necesario comparar con los de, por ejemplo, Europa. Los impuestos corporativos en los 27 países que forman la UE van desde un 9% en Hungría y un 12,5% en Irlanda, hasta un 31,5% en Portugal o un 32% en Francia.

De esta comparación se puede entender que la política fiscal de países fuera del continente presenta tasas contra las que países tercermundistas les es difícil competir, sin embargo, una vez estas se vean obligadas a subir al, mínimo, 15%, la diferencia entre la tasa impositiva de los competidores y la de Latinoamérica será muchísimo menor, lo que podría provocar una presencia mayor de países latinos en los radares de las multinacionales a la hora de discutir dónde expandir sus operaciones.

Por otro lado, hay que tener en cuenta la situación de países como Paraguay, en los cuales existe la posibilidad de que, en el peor de los casos, al subir el porcentaje de su tasa impositiva, algunas empresas pudieran verse obligadas reducir sus sucursales alrededor del globo y cesar el desarrollo de sus actividades en el territorio.

La postura de EE. UU.

La administración del presidente Biden ha apostado por arriesgarse con esta propuesta del impuesto mínimo global a las multinacionales. Es, de hecho, uno de los pilares del financiamiento del plan de gasto en infraestructura de US$2 billones, que resulta, a la vista de su gobierno, más seguro que una subida de impuestos directamente. Incluso, anteriormente el mandatario había propuesto establecer la tasa impositiva global en un 21%.

Además de esto, el impuesto mínimo global es algo sin lo que Estados Unidos podría verse rebasado por otras economías importantes que pueden permitirse tasas impositivas más bajas. Lo que representa una excusa que obliga a la potencia americana a apoyar la propuesta. La secretaria del Tesoro de la nación, Janet Yellen, expresó en una conferencia de prensa que el proyecto pondría fin a la lucha por la reducción de los impuestos corporativos y garantizaría mayor equidad para las personas tanto de su país como del mundo. Aseguró, sin embargo, que el momento para la aplicación de lo acordado aún está por determinarse.

Por otro lado, no todos están de acuerdo. El director de Estudios de Políticas Tributarias del Instituto Cato en EE. UU., Chris Edwards, argumenta que, así como la competencia entre empresas promueve la eficiencia, la competencia tributaria tiene como consecuencia beneficios que contribuyen a la eficiencia entre las naciones, como el caso de Irlanda, por ejemplo, un país que calificó de exitoso por implementar una política de bajos impuestos a fin de atraer empresas e impulsar así su crecimiento económico. De otra forma, afirma que los gobiernos pueden convertirse en monopolios.

La opinión de las grandes corporaciones

Nick Clegg de Facebook describió el acuerdo como un «primer paso significativo para generar certeza en las empresas y el fortalecimiento de la confianza pública en el sistema fiscal mundial».

Otro más que se sumó fue un vocero de Google, quien aseguró apoyar la lucha por actualizar las normas fiscales a nivel internacional.

«Creemos que un proceso liderado por la OCDE que cree una solución multilateral ayudará a traer estabilidad al sistema tributario internacional», expresó un vocero de Amazon citado por la agencia de noticias Reuters.

Cierre del acuerdo

La junta que se dio en Londres cerró con la promesa de que en julio el acuerdo se discutirá en detalle en una reunión de ministros de finanzas del G20 en Venecia.

El comisionado de Economía de la UE, Paolo Gentiloni, describió el entendimiento del sábado como un gran paso hacia un acuerdo global como ninguno sobre reforma fiscal y aseguró la contribución activa de la UE para que se avance en Venecia. Por otro lado, El ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, cuyo país, se pronosticó, daría pelea, expresó en su cuenta de Twitter que el acuerdo tendrá que satisfacer las necesidades tanto de los países en desarrollo como de los ya desarrollados.

Por último, el G7 también acordó, aparte, su compromiso a hacer obligatorio que las empresas informen sobre el impacto climático de sus decisiones de inversión.